"Cuarto Plan de Acción de Gobierno Abierto compromete a los tres poderes del Estado"

Publicación: 31/08/18

La Secretaría Técnica de Planificación del Desarrollo Económico y Social (STP) presentó este viernes 31 de agosto, los más de 20 compromisos asumidos por el país en el Cuarto Plan de Acción de Gobierno Abierto (PAGA) 2018 – 2020. La presentación estuvo a cargo del ministro secretario ejecutivo de la STP, José Molinas Vega, en rueda de prensa en la que estuvieron presentes representantes de organizaciones de la sociedad civil que participaron en la co-creación del mencionado Plan. El documento está disponible en este enlace

El cuarto Plan 2018-2020 es el resultado de un proceso de trabajo de co-creación de más de seis meses, realizado a través de 31 talleres presenciales con la participación de 97 organizaciones de la sociedad civil y 58 instituciones estatales. 

Alrededor de 1.000 personas participaron de estos talleres presentando un total de 182 propuestas, que fueron seleccionadas y priorizadas por los mismos participantes. Las propuestas priorizadas fueron revisadas por un Comité de Evaluación, integrado por representantes del gobierno y la sociedad civil, teniendo en cuenta criterios como que los compromisos deben ser medibles, alcanzables y puedan ser implementados y cumplidos a tiempo.

Cabe destacar que los Poderes Legislativos, Judicial, el Ministerio Público y 3 órganos extra-poderes se han comprometido con varias metas de transparencia, participación ciudadana y de rendición de cuentas.

Paraguay forma parte de la Alianza para un Gobierno Abierto (OGP por sus siglas en inglés) desde el año 2012 junto a otros 75 países. Actualmente está finalizando su Tercer Plan de Acción (2016-2018), con un 100% en el cumplimiento de sus compromisos y un 82% de avance en las metas.

Cuarto PAGA

Del total de 22 compromisos asumidos por el país, 12 pertenecen a entidades del Poder Ejecutivo; 4 a la Corte Suprema de Justicia; 2 al Congreso Nacional, y 4 a entidades extra poder (correspondiendo 1 al Ministerio Público, 1 a la Defensoría del Pueblo, 1 Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y 1 al Mecanismos Nacional de Prevención de la tortura).

Paralelamente existen otros 9 compromisos, de 7 instituciones del Poder ejecutivo, que siguen siendo analizados y que para el mes de diciembre ya serán aprobados en su totalidad.

Entre otros compromisos del Ejecutivo se destacan una Estrategia Participativa en la Transformación Educativa; la rendición de cuentas a pueblos indígenas; la tramitación en línea de beneficios previsionales; el fortalecimiento de la calidad de la participación ciudadana y la implementación de un sistema de informes de costos de servicios de salud utilizados por cada beneficiario.

Asimismo, la elaboración y el mantenimiento actualizado de una base de datos de recios referenciales (DNCP); la transparencia y rendición de cuentas del presupuesto, entre otros.

Por su parte, el Poder Legislativo se comprometió a implementar mecanismos para mejorar el seguimiento de la gestión legislativa y el desarrollo de espacios que faciliten la participación ciudadana; mientras que la Fiscalía Nacional se comprometió a la creación de un mecanismo de medición de productividad de los agentes fiscales de las unidades especializadas de Delitos Económicos, Anticorrupción, Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo; el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrado a transparentar los juicios y el mecanismo de Prevención de la Tortura a la instalación de un observatorio del sistema de Justicia Penal, entre otros.

Finalmente, el Poder Judicial se comprometió a implementar un programa de justicia digital, mediante un Plan de gestión electrónica de juicios, un portal de datos abiertos, una ventana de transparencia y acceso a la información pública del Poder Judicial y a mantener un diálogo constante con la ciudadanía.


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