Implementan un Consultorio Jurídico para asegurar el acceso a la información pública

Publicación: 06/09/17

Defender el derecho de acceso a la información pública brindando asesoramiento y de ser necesario llevar los casos a tribunales, son los objetivos del Consultorio Jurídico, una iniciativa que articula a la universidad nacional y la sociedad civil. Mediante esta experiencia, los/as estudiantes de derecho podrán hacer una extensión universitaria y asesorar a la ciudadanía en el ejercicio de su derecho a exigir la máxima transparencia y el acceso a la información pública. 

Romy Fischer – Abogada, Integrante del Grupo Impulsor de Acceso a la Información Pública  (GIAI) y consultora de IDEA (Instituto de Derecho y Economía Ambiental) para temas de acceso a la información pública, transparencia y buen gobierno describe en esta entrevista el proyecto que facilitará a la ciudadana contar con asesoramiento y acompañamiento de abogados especializados y estudiantes de derecho.  

 

¿En qué consiste el Consultorio Jurídico?

El proyecto de Consultorio jurídico se va a llevar a cabo dentro de la cátedra de derecho  a la información pública de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Asunción (UNA), y está a cargo del profesor  José María Costa.  Ellos van a llevar adelante el consultorio jurídico con los estudiantes de esa cátedra. Este consultorio está siendo apoyado por IDEA, miembro del GIAIP, con el apoyo financiero del National Endowment for Democracy.     

¿Cómo funcionará este consultorio?

La idea es darles a los estudiantes la posibilidad de hacer una extensión universitaria, de hacer un servicio social práctico.  Ellos estudian lo teórico dentro de la cátedra, pero tiene poco contacto con la práctica.  Entonces es llevarlos a hacer asistencia jurídica a los ciudadanos y procuración dentro de los tribunales para los casos en que el derecho de acceso a la información pública, sea denegado.

Aquí se conectan dos temas muy importantes, el primero es llevar a la práctica los temas teóricos para los estudiantes y nuevos abogados, y lo segundo es que hoy sabemos que tenemos una ley de AIP y en el caso de que no haya una respuesta, o haya una respuesta negativa, el ciudadano puede ir a tribunales con el recurso de amparo.

¿El proyecto ya está en marcha?

Si, está en sus inicios. El consultorio jurídico propone a los estudiantes tomar diez casos más representativos.  A los estudiantes interesados se les da una capacitación más intensiva para hacer la práctica en tribunales. Con esto se logra dar soporte jurídico especializado a los ciudadanos que tienen casos concretos y se generan líneas garantistas desde el poder judicial, mediante la experiencia del consultorio. El proyecto ya comenzó en este semestre, está aprobado por la UNA, y se están dando las primeras capacitaciones a los estudiantes, con la tutoría del profesor  José María Costa y el apoyo de los abogados de IDEA.

¿Cómo contacta la ciudadanía con el consultorio?

Queremos la mayor difusión posible ya sea a través de la cátedra,  de IDEA, del grupo impulsor, desde el programa Gobierno Abierto.  Que se sepa que está abierta esta la cátedra a hacer esta experiencia, que la gente sepa que existe la posibilidad de contar con asistencia jurídica en caso necesario. Se brindará tambien asesoría, pues no siempre es necesario llegar a tribunales. A veces basta un recurso de reconsideración, que si bien es sencillo tiene cierto tecnicismo, es una simple nota, pero cuando se tiene el aval de un abogado el resultado puede ser más efectivo.

No queremos que los pedidos de información queden sin atención en caso de que no se reciban respuestas de la fuente pública. La mayoría de los casos se pueden gestionar sin llegar a tribunales, vía mediación, vía recurso de reconsideración, a veces es porque la fuente pública no entendió el pedido,  el ciudadano no pidió exactamente como quería, puede ser por falta de una comunicación adecuada también, desde ambas partes. Todo el proceso de acompañamiento será gratuito para la ciudadanía. 

Antecedentes de casos jurídicos que sentaron precedentes

De acuerdo con Romy Fischer, el GIAI viene trabajando desde el 2004 por el acceso a la información pública desde la sociedad civil.  En el 2012 se presentó un contexto y una oportunidad favorable para presentar la propuesta de ley al congreso que fue aprobada en el 2014. Se trata de la Ley 5282 de Acceso ciudadano a la Información pública, marco legal que es para la sociedad civil el resultado de varios años de incidencia política.

El GIAI tiene experiencias en acompañar casos que consideran estratégicos.  El juicio más famoso que fue a tribunales, es el de Daniel Vargas Téllez, un periodista que pidió la lista de funcionarios de la municipalidad de San Lorenzo. Fruto de aquel litigio que llevaron los abogados del GIAI terminó saliendo el acuerdo y la sentencia que sentó las bases para establecer lo que es el derecho de acceso a la información pública como derecho humano en Paraguay. Después de este caso, que llevó desde el 2007 hasta el 2013,  se aprobó la ley teniendo como base este caso. 


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