Instalan consultorio jurídico para casos de Información Pública denegada

Publicación: 19/07/18

Las personas que no tengan respuesta a su solicitud de información pública o casos de denegación, recibirán asistencia gratuita desde el consultorio jurídico de la Universidad Católica “Nuestra Señora de la Asunción”.  La gestión será posible por el convenio de cooperación entre el Ministerio de Justicia y esta casa de estudios.

 

“La alianza entre la academia y el sector público nos permite avanzar en la consolidación de este derecho humano fundamental, ya que de acuerdo al marco legal vigente el Paraguay no se cuenta con un órgano garante en esta materia, lo que muchas veces limita el acceso a la información”, resaltó el viceministro de Justicia, Weldon Black.

Añadió que los consultorios jurídicos se constituyen en una solución para las personas y se convierten en un espacio de aprendizaje para los futuros abogados.

“Asumimos el compromiso buscando fortalecer los vínculos entre los sectores público, privado y la academia en su rol de formadora de conocimientos en el marco de la responsabilidad social de asegurar, defender y proteger los derechos humanos, señaló el Pbro. Narciso Velázquez Ferreira, rector de la Universidad.

Resaltó que en una primera etapa los consultorios jurídicos habilitados son de las sedes de Asunción y Alto Paraná y que están abiertos a extender a las demás doce sedes que tienen en todo el país.

La incorporación del derecho de acceso a Información Pública (AIP) dentro de los casos atendidos por el Consultorio Jurídico de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Diplomáticas de la Universidad, permitirá el rápido acceso al derecho fundamental de obtener información.

Para contactar con consultorios jurídicos se puede llamar al 021 441 044 en Asunción y al 0983 679 097 en Alto Paraná. En esta última sede se puede contactar también a través del e- mail: derechoucap@live.com, a la atención del Prof. Brizy Chequer.

El Ministerio de Justicia busca propiciar la transparencia a través del acceso a la información pública, la rendición de cuentas, la participación y el control social, además de efectivizar la lucha contra la corrupción en todas las entidades públicas.

Fuente: Ministerio de Justicia 


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