Defensoría del Pueblo – Dirección General de Verdad, Justicia y Reparación Parlamento Abierto

La Ley Nº 5.282/2014 “De libre acceso ciudadano a la información pública y transparencia gubernamental”, que entró en vigencia en el país en setiembre del año 2015, ha despertado un gran interés en la administración pública nacional por el tema de la información y de los archivos. Se ha podido constatar una gran preocupación por los archivos en muchas dependencias e instituciones del Estado.

Esta realidad responde a dos factores: el primero tiene relación con las obligaciones que impone la mencionada ley en cuanto a entrega de información.

El segundo factor, es el convencimiento de algunos servidores públicos, documentalistas, estudiantes del área, de que la información resguardada en los archivos es elemental para una adecuada y eficiente administración y para una cabal rendición de cuentas.

La problemática que han presentado los archivos públicos para garantizar el libre acceso a la información se engloba en primera instancia en la ineficiencia, el estancamiento, la marginalidad y el escaso servicio que éstos brindan a las propias dependencias y entidades gubernamentales.

En la actualidad, muchas dependencias y entidades tienen depósitos repletos de papeles amontonados en paquetes atados y sin instrumentos de consulta y de control alguno, sufriendo el paso del tiempo el descuido, el olvido y el deterioro constantes malas condiciones provocadas por la humedad, el calor excesivo y el efecto de los microorganismos que se generaron a causa del polvo y la basura.

De ahí parte la premisa que sin una adecuada organización, clasificación y manejo de los documentos, difícilmente podría haber acceso a la información pública. Existe la necesidad de establecer lineamientos que cumplan con los criterios de organización y conservación de la documentación contenida en los archivos con el objeto de que se conserven íntegros y disponibles para permitir y facilitar su acceso.

Las dependencias y entidades públicas deberán asegurar la disponibilidad, integridad y conservación de los documentos de archivo que poseen sean administrativos o históricos, teniéndolos dispuestos para ser consultados y así, de alguna manera, garantizar el uso de la información.

El compromiso consiste en impulsar de manera participativa el proyecto de ley que establece el marco legal para aplicar políticas públicas en materia archivística. Esto permitirá a los tomadores de decisión en las diversas áreas del funcionamiento estatal y a los ciudadanos acceder a la información existente en fuentes públicas. El proyecto de ley se encuentra ya presentado al Parlamento.

El proyecto de ley que será impulsado permitirá:

1. Establecer el marco normativo y político de la administración archivística en el Paraguay.
2. La conservación de todo patrimonio documental como testimonio y memoria de la historia de la Nación y por otro, la búsqueda de la transparencia, la eficacia y la eficiencia de la administración pública en sus actuaciones, procedimientos administrativos y en toda política pública.
3. Constituir los lineamientos relativos a la salvaguarda del patrimonio documental paraguayo.

Este proyecto de ley, una vez aprobado, permitirá trabajar en el diseño de políticas que aporten soluciones a cuestiones fundamentales, tales como: el fortalecimiento de la memoria e identidad de la nación paraguaya, la carencia o indisponibilidad de información confiable y organizada en las entidades públicas para la toma de decisiones oportunas, pertinentes y eficaces y la garantía de transparencia en la gestión del Estado.

Es claro que los principios de transparencia y acceso a la información pública no podrán ser cumplidos sin un sistema nacional de archivos y sin una normativa que guíe las pautas del funcionamiento de ese archivo.

El compromiso será implementado con recursos asignados a la institución en el Presupuesto General de la Nación

 El compromiso se encuentra vinculado al Plan Nacional de Desarrollo 2030, objetivo estratégico 47: Asegurar la transparencia del gasto público en los tres niveles de gobierno y en los tres poderes del Estado (índices de transparencia, corrupción y uso de los sistemas de información pública), y al Objetivo de Desarrollo Sostenible, objetivo 16: promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles.

• Rodolfo Vera Rodríguez, Director General de Verdad, Justicia y Reparación de la Defensoría del Pueblo rodolforomanistico@gmail.com – (+595981) 649 359
• Alicia Galeano aliciaga_21@hotmail.com – (+595982) 370 021

Facultad Politécnica-UNA, Asociación Paraguaya de Gestores de la Información (APGI), Archiveros sin Fronteras Internacional.